COMRA

CONFEDERACIÓN MÉDICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Prensa

Judicialización de la salud

En la mesa coordinada por el Dr. Ignacio Berríos, los expositores enfatizaron en que “la judicialización de la medicina, es un proceso progresivo, multicausal, que lleva a  un modelo de práctica profesional defensivo”.

Bajo la coordinación del Dr. Ignacio Berríos, las exposiciones en torno a judicialización de la medicina estuvieron a cargo de la Dra. Marisa Aizenberg, Directora Académica del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Dr. Sergio Rojas Cornejo (Chile), el Dr. José Ramón Huerta (España) y el Dr. Aníbal Cruz (Bolivia), quienes puntualizaron que “la judicialización de la medicina, es un proceso progresivo, multicausal, que lleva a  un modelo de práctica profesional defensivo, lo que redunda en un deterioro paulatino de la relación médico-paciente”.
Y coincidieron en que “se debe buscar incorporar en la formación de estudiantes de medicina, internos, residentes y en los programas de educación médica continua, contenidos vinculados a la ética deontológica y la bioética, derecho médico y habilidades comunicacionales”.
En tanto, la Dra. Marisa Aizenberg explicó el escenario en que se desarrolla la creciente judicialización del sistema y el estado de la legislación sanitaria.
“Argentina muestra una fuerte tendencia a la judicialización del sistema sanitario que dificulta la gestión de sus instituciones y amenaza la sustentabilidad financiera de las organizaciones de salud”, puntualizó.
Sin dejar de lado el impacto de la reforma del Código Civil, en este sentido destacó el Artículo 26: Ejercicio de los derechos por las personas menores de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales….
A partir del mismo, “se presume que los adolescentes entre 13 y 16 años tienen aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”.
Y aclaró que “si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, los adolescentes deben prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo”.
En esta línea, entre las propuestas de trabajo en la temática postuló la implementación de un Proyecto que procure prevenir conflictos o gestionar adecuadamente aquellos que no han podido ser evitados. 
A partir de una estrategia de intervención basada en:
·         Dispositivo de detección temprana de situaciones de eventual conflictividad en cabeza de una Unidad de Manejo de Conflictos (UMC).
·         Análisis de casos procurando establecer “patrones comunes prevalentes”.
·         Mirada “desde la gestión” para impulsar cambios que eviten los conflictos.
 
“El Proyecto procura el tratamiento de los conflictos a partir de un enfoque de gestión que analiza las formas en que la Organización gestiona los servicios prestados (información gerencial, reingenieria prestacional)”, explicó la Dra. Aizenberg.
Por último, destacó la necesidad de implementación de mesas de diálogo del sector salud, áreas de prevención de conflicto, capacitación, compromiso institucional, sistemas de alertas adecuados, agencia de evaluación de tecnologías sanitarias y adaptación a las nuevas realidades y categorías analíticas.
 
A su turno, el Dr. Sergio Rojas Cornejo describió la situación en Chile, donde en 2013 hubo 279 juicios por mala praxis, siendo la especialidad más demandada la cirugía, y comentó que frente a este escenario desde las organizaciones médicas  implementaron un seguro de responsabilidad civil, más de 150 charlas de capacitación en torno a buena práctica médica y asesoría para los profesionales en casos de eventos adversos con publicidad. 
Por su parte, el Dr. José Ramón Huerta (España) postuló que “la profesión médica está cambiando rápidamente y aparece una nueva relación médico / sociedad / pacientes en base a nuevas estructuras laborales”.
A partir de la judicialización de la medicina en España, se detecta un aumento progresivo del número de demandas, de cantidad de procesos e indemnizaciones, mayor presencia de medicina denominada “defensiva”, y como consecuencia, aumento de los costos económicos, sociales y sanitarios.
Entre los desafíos de cara al futuro, puntualizó “la necesidad de una asistencia médica segura y de calidad, controlar el impacto de las nuevas tecnologías, adaptación de la ética y de la deontología médica, mejorar la gestión del riesgo clínico, nuevas estrategias en la relación médico-paciente, y reforzar y desarrollar la prevención de los riesgos del acto médico.
Finalmente, el Dr. Aníbal Cruz (Bolivia), puntualizó que existen circunstancias facilitadoras de los errores en medicina, entre ellas: carencias del ambiente de trabajo (que son aceptadas pacíficamente por los profesionales), instalaciones inadecuadas que no facilitan el diálogo con familiares y pacientes, régimen de trabajo que conspira contra la calidad de los resultados (multiempleo, baja dedicación, deterioro de instalaciones e instrumentos; fugacidad del encuentro; límites de tiempo para la consulta).
Al mismo tiempo, resaltó el cambio y la transformación en la sociedad, “a partir de la creencia de que la salud es un servicio de consumo, del cual deben esperarse siempre resultados favorables, no admitiéndose los adversos”.

ÚLTIMA EDICIÓN

NOTICIAS RELACIONADAS

Implicancias del Proyecto de Ley que regula la actividad de las obstetras y avanza sobre las incumbencias médicas

La COMRA envió un documento al Dr. Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud del Senado, en donde se plantean determinadas situaciones de la normativa que avasallan las incumbencias de los profesionales médicos, al otorgar derechos de prescripción de tratamientos, indicación de métodos anticonceptivos y realizar diagnóstico de enfermedades del sistema reproductivo por parte de las obstetras.